“Debe ser verdad porque lo dijo el rey”. Esta sentencia no solo evoca una época, sino que resume una cosmovisión política: aquella en la que el poder hablaba con voz divina y la obediencia no admitía réplica; una verdad supeditada a la voluntad del soberano, donde la legalidad era indistinguible del capricho y la razón se doblegaba ante la jerarquía. En el absolutismo, la voluntad del monarca no requería justificación ni rendición de cuentas: era fuente y fin del orden. Sin embargo, como advirtió Jean-Jacques Rousseau, “el más fuerte nunca es lo bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”.

Este ensayo analiza el régimen sancionador introducido por el artículo 56 de la Ley núm. 2-23 en el ámbito del recurso de casación, centrado en la condena por litigio temerario, multa civil e indemnización. Partiendo de una crítica teórica previa publicada en este mismo medio, el trabajo sistematiza la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia, identifica líneas interpretativas divergentes y revela profundas ambigüedades en la aplicación del precepto. La figura del litigio temerario es examinada como categoría híbrida, sancionadora y procesalmente inorgánica, que tensiona el debido proceso, la libertad argumentativa y la defensa técnica. A partir de un enfoque cartesiano, se proponen criterios interpretativos, ajustes procedimentales y reformas normativas para garantizar un uso legítimo, proporcional y contradictorio de la sanción. El estudio concluye que, sin estas correcciones, el artículo 56 corre el riesgo de desnaturalizar la función del recurso de casación y erosionar la integridad del ejercicio profesional del abogado.

HILO CARTESIANO PARA TEJER LOS RESTOS DEL CUOTA LITIS EN REPÚBLICA DOMINICANA:  UNA CRÍTICA RAZONADA A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  Por: Cristian

La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho que se erige como protector de los derechos fundamentales, según se deriva del artículo 7 de la Constitución. En este sentido, la norma suprema contiene un amplio catálogo de estos derechos, los cuales son reconocidos en varias categorías, sin que esto implique un orden de preferencia, aunque es evidente que existen algunos sin los cuales no es posible lograr la consecución de otros; no obstante, en ocasiones surgen discusiones sobre lo que debería imperar ante una confrontación entre estos derechos.

La Administración Pública ha sido dotada de un amplio abanico de facultades, lo que exige una estructuración adecuada para asegurar el cumplimiento efectivo de las mismas. En este entendido, se han delegado diversos mecanismos de control, claramente deslindados en cuanto a su alcance y propósito. Entre ellos, el control interno se posiciona como la primera línea de defensa, siendo responsabilidad de la propia Administración velar por el cumplimiento normativo y el uso adecuado de los recursos públicos.

A pesar de que el reconocimiento del derecho al Acceso a la Información Pública en el ámbito internacional, especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como a nivel nacional en la Constitución dominicana y la Ley Núm.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, ha sido un paso fundamental para garantizar la transparencia en los órganos del Estado, la existencia de estos instrumentos jurídicos no resulta suficiente. Es imprescindible que dichos órganos garanticen este derecho evitando escenarios donde se niegue, retrase o restrinja injustificadamente el acceso a la información pública, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.