A propósito del Tesla S…
Por: Ángel Reynoso
El pasado 16 de agosto del 2020 vimos con asombro como nuestro nuevo presidente llegaba a la toma de posesión en un vehículo eléctrico, específicamente uno marca Tesla modelo S, rompiendo un paradigma arraigado muy profundo en nuestra cultura respecto al estatus e imagen de poder que refleja un vehículo de gasoil o gasolina, 4×4, 8 cilindros, o mejor dicho “el jeepeton”, siendo este el medio de transporte de predilección por los funcionarios públicos, empresarios, deportistas, artistas… en fin, todo aquel que se ve con los medios necesarios para adquirirlo. Sin lugar a duda ser propietario de un vehículo de alto octanaje por lo general simboliza cierta estabilidad económica dentro de nuestra sociedad, hasta el punto de poder ser la diferencia que incline la balanza al momento de competir por la captación de un cliente o conseguir un empleo, sobre todo en áreas de negocios donde la buena imagen garantiza un alto porcentaje del éxito. Por esta razón, a muchos espectadores les resultó impactante ver al primer mandatario arribar al Congreso Nacional a bordo de un carro que, aunque no deja de ser lujoso, no es un vehículo convencional al que estemos acostumbrados ver, sobre todo por tener un motor eléctrico en vez de combustión interna.
Muchas fueron las críticas plasmadas en los medios de comunicación y redes sociales, principalmente por el sector más conservador y tradicionalista de nuestro país, quienes tildaron de actuación populista el hecho del presidente elegir un vehículo eléctrico como el oficial. Algunos piensan que por estar en boga la protección al medio ambiente, al recién electo presidente le resulta particularmente conveniente presentarse a la población como garante y protector de las conquistas logradas sobre este particular. Otros, con mentalidad un poco más vanguardistas, vieron como esperanzador este hecho, significando para ellos la posibilidad de un real apoyo gubernamental a la movilidad eléctrica, sobre todo cuando una buena parte de nuestra sociedad tiene reales intenciones de adquirir vehículos eléctricos. Sin embargo, su alto costo impide dar ese paso. Precisamente en esa parte queremos enfocar este breve ensayo: las medidas a implementar para que el ciudadano común pueda vencer los obstáculos actuales que se presentan al momento de dar el paso a la movilidad eléctrica.
Cada quien en particular tiene sus razones para querer pasarse a la movilidad eléctrica, siendo las dos principales: i) el ahorro económico que implica un vehículo que no necesita de combustible fósil ni mantenimiento para su utilización; y ii) la reducción de emisiones de CO2 que afectan la salud y el medio ambiente, principalmente el impacto al efecto invernadero. Al margen de los motivos sensatos y legítimos que pudieran resultar de nuestro análisis personal en cuanto a la conveniencia de adquirir un vehículo eléctrico, nos vemos limitados seriamente por varios factores externos que, en comparación a otros países del primer mundo y algunos en vía de desarrollo, nos coloca en franca desventaja para avanzar a un crecimiento sistemático de este sector automotriz. A continuación esbozamos de manera sucinta los principales factores que a nuestro parecer deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país:
Impulso a los incentivos fiscales
En el año 2013 fue promulgada la Ley 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, cuyo objeto principal es promover el uso de vehículos que no contaminen el medio ambiente, y reducir los niveles de contaminación ambiental ocasionada por las emisiones de los vehículos de motor que funcionan con combustibles fósiles. En ese sentido, el legislador consideró que el estado dominicano tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios internacionales relativos a la protección y preservación del ambiente a través de la defensa de su biodiversidad y la disminución de la contaminación ambiental.
Dicha Ley 103-03 establece en su Considerando Cuarto que “los vehículos que producen el menor impacto negativo sobre el ambiente son los eléctricos, los de hidrógeno y otros relacionados, pero son comúnmente inasequibles al público en general por el alto costo inicial que representa su uso. En tal sentido, resulta propicia la creación de este tipo de incentivo para su importación y posterior comercialización.” Sin embargo, las disposiciones normativas contenidas en esta ley contradicen rotundamente el espíritu del legislador, ya que los incentivos aduanales y tributarios instaurados se limitan a una reducción en los derechos e impuestos de importación, del cincuenta por ciento (50%), incluidos los de la primera registración (primera placa).[1] Es decir, en nada benefician directamente al comprador de un vehículo eléctrico, sino que quienes disfrutan de las disminuciones fiscales resultan ser solo los importadores de estos vehículos, siendo la gran mayoría dealers que se dedican a la importación y comercialización, y en su defecto, una que otra persona o empresa que tenga la audacia de importar un vehículo eléctrico para fines no comerciales.
Si en algo ha contribuido esta ley, es ciertamente para impulsar la creciente importación de vehículos eléctricos al país, así como también el aumento de la inversión del sector privado en la movilidad sostenible, sin embargo, es evidente que no ha logrado dar con el propósito esencial para lo cual se requiere una ley de esta naturaleza: ayudar económicamente al comprador local disminuyendo las tasas impositivas propias de esta transacción, las cuales se calculan en base al valor del vehículo, principalmente el ITBIS (18%) y el impuesto de transferencia (2%). Con el simple hecho de modificar esta ley para agregar al menos la reducción del 50% de estos valores, significaría un avance sin precedentes en materia de protección al medio ambiente, tomando en consideración que el precio final del vehículo eléctrico podrá ser real y efectivamente mucho más asequible al ciudadano común.
Una de las razones principales por las cuales se necesita este cambio legislativo, es porque por lo general el precio de un vehículo eléctrico se incrementa un promedio de USD$12,000.00 frente al mismo modelo de combustible fósil. Esta diferencia radica en el alto costo de fabricación de las baterías de litio, que son las utilizadas para dar energía a los vehículos eléctricos. A medida que la tecnología vaya avanzando veremos como los precios de estos carros irán disminuyendo, pero hoy en día en nuestro país resulta difícil competir precio a precio con un vehículo de gasolina o gasoil, al margen del ahorro en mantenimiento y combustible propio del vehículo eléctrico.
A modo de ejemplo, vemos como en Estados Unidos los compradores de vehículos eléctricos pueden beneficiarse de un crédito fiscal dirigido al impuesto de matriculación, que dependiendo del Estado pudiera llegar a USD$5,000.00. En Alemania, España y Francia, el incentivo puede llegar a EUR$4,000.00. En el caso de México, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, en su artículo 16 establece “Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.”. Aparte de esta ley, en la mayoría de los estados de México se tiene tasa 0% para el impuesto de tenencia de vehículo. Incluso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apoya para que al cargar el vehículo no se afecte la factura de la energía eléctrica. Para ello, la CFE facilita la instalación de un medidor independiente en la casa. Con esta política, se evita que el gasto en electricidad aumente significativamente.
Por esta razón, vemos como los precios de los vehículos eléctricos que se venden en la República Dominicana superan en creces a los de otros países, independientemente al costo que implica importarlos, ya que basamos este planteamiento desde la óptica de incentivos fiscales. Por ejemplo, el precio de un Tesla modelo 3 año 2021 en Estados Unidos inicia a partir de USD$38,000.00, y con los incentivos fiscales este precio puede llegar tan bajo como a USD$33,000.00, dependiendo el Estado, mientras que en República Dominicana su precio se fija en USD$63,000.00 sin algún incentivo que permita abaratar su valor de adquisición. El precio del Chevrolet Bolt EV LT usado, año 2017, ronda los USD$16,000.00 en Estados Unidos, si agregamos los incentivos fiscales puede llegar a costar USD$11,000.00, mientras que en nuestro país el precio inicia a partir de los USD$30,500.00 sin incentivos.
Si bien actualmente nos encontramos en una condición legislativa precaria que impide el tan añorado despegue de la movilidad eléctrica en nuestro país, es preciso destacar el esfuerzo titánico que han venido realizando los miembros de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (ASOMOEDO), compuesto por varias empresas dedicadas a la importación y comercialización de estos tipos de vehículos. Recientemente vimos como los representantes de ASOMOEDO sostuvieron una reunión por separado con los entonces candidatos a la senaduría del Distrito Nacional. El propósito de dicha reunión fue lograr un compromiso de los candidatos a impulsar una legislación favorable para el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país. De igual forma, ASOMOEDO fue recibido por el recién electo diputado Orlando Salvador Jorge, donde se avanzó en varios puntos para pronto presentar la tan esperada modificación a la Ley 103-13.
Apoyar a los concesionarios o representantes de marcas en el país para la importación de vehículos eléctricos
Debido a la falta de incentivos para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos, en nuestro país son muy pocos los concesionarios o representantes de marcas que importan estos tipos de vehículos. Para citar algunos de los pocos que sí importan y comercializan, podemos mencionar a Peravia Motors, S. A. con la marca BYD; Tropicars RD con la marca Changan; y British Motors con la marca MG. Sin embargo, actualmente los concesionarios de los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial no han dado ese paso, a saber: Santo Domingo Motors con la marca Nissan y el modelo Leaf, marca Chevrolet y el modelo Chevy Bolt EV; Magna Motors con la marca Hyundai y los modelos Kona e Ionic; Grupo Martí con la marca Fiat y el modelo 500e; Euromotors con la marca Renault y su modelo Zoe; y Técnica con la marca Peugeot y su modelo e-208.
En consecuencia, en República Dominicana aún no existe realmente un mercado competitivo de vehículos eléctricos nuevos que cuenten con la garantía y piezas de la casa concesionaria, sino que por el contrario, las personas interesadas en dar ese paso a la movilidad eléctrica deben de recurrir a los dealers que, aunque no son representantes autorizados de las marcas, han participado de manera sustantiva en el desarrollo de la movilidad sostenible importando vehículos eléctricos, en su mayoría usados, pero en las mejores condiciones, y a nuestro entender los venden a un precio coherente, pero con la limitante de la ausencia de un incentivo gubernamental y legislativo que sea efectivo para sus clientes.
Nuestras autoridades están conscientes de que, sin una participación activa de los concesionarios de marcas, resultaría muy difícil lograr un verdadero aumento en la cantidad de vehículos eléctricos circulando en nuestras calles. Por esta razón el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en junio del 2020, incluyó en sus consultas y opiniones a la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE), ya que su objetivo es aumentar de forma gradual el número de vehículos eléctricos registrados a un 15% al 2025 y a un 30% al año 2030.
Esta iniciativa del sector público en acudir a ACOFAVE parte de la premisa de que esta asociación puede contribuir con la discusión de modificaciones necesarias en la Ley 103-13, sobre la base de las lecciones aprendidas, el estudio de propuestas para superar barreras normativas para la importación y ensamblaje de vehículos eléctricos en República Dominicana, la difusión de información y asesoramiento sobre los beneficios de la electromovilidad; y, el logro de acuerdos con el sector público y privado enmarcados en el actuar de sus agremiados.[2]
Otra de las preocupaciones externadas por los concesionarios para la importación de vehículos eléctricos radica en que, a su parecer, actualmente existe una brecha del precio de adquisición y aún no se cuenta con una infraestructura suficiente para asegurar el acceso oportuno a la carga, y a precios competitivos, pero la realidad es que hemos tenido un avance importante en la instalación de puntos de cargas, por lo que siendo realistas no debería de existir una excusa válida para una persona decir que se quedó en la vía por falta de acceso a energía eléctrica, por lo menos en el Distrito Nacional.
Es en ese sentido que el gobierno debe enfatizar a los miembros de ACOFAVE que tendrán todo el apoyo necesario para cambiar su perspectiva en torno a las complicaciones que podría traer una inversión de esa categoría, ya que, sin la importación masiva de estos vehículos, los planes a futuro del desarrollo sostenible en el parque vehicular de nuestro país no surtirán el efecto deseado.
Continuar apoyando la instalación de cargadores eléctricos en todo el territorio nacional
Tal como lo mencionábamos anteriormente, en el Distrito Nacional hemos visto como se ha masificado la instalación de cargadores eléctricos, principalmente a través de coaliciones entre empresas privadas y el sector bancario con ideales afines. Así las cosas, podemos mencionar a la empresa Evergo, quienes se autodenominan la red más grande y sofisticada de estaciones de carga en el país, contando con más de 150 estaciones en los puntos cardinales, ubicados en supermercados, plazas comerciales, empresas, entre otros. Evergo y el Banco Popular se aliaron para desplegar cargadores eléctricos en diversas sucursales de este banco, ofreciendo además incentivos para la recarga y financiamiento de estaciones de carga para hogares y empresas.
De igual forma, en el año 2019, la empresa de distribución EDESUR preparó una licitación para ampliar la infraestructura de carga a nivel nacional. La empresa hizo un llamado público para la adquisición de 10 estaciones de carga, que resultó en la adjudicación de tres de 120 kW (súper rápido) y siete de 60 kW (rápido). Esta iniciativa se materializó con la instalación del primer cargador para vehículos eléctricos puesto a disposición por Edesur el pasado 13 de agosto del 2020.
No obstante lo anterior, es imperativo que el gobierno siga apoyando la instalación y distribución de cargadores eléctricos. Según el informe del Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana, la infraestructura instalada es insuficiente para el creciente parque vehicular eléctrico de República Dominicana. La escasa cantidad de estaciones de carga a nivel nacional condiciona la decisión de compra de los vehículos eléctricos, por el riesgo de carecer de acceso oportuno a la carga. Por esta razón, se tienen que emprender acciones para acelerar un despliegue de estaciones de carga en todo el territorio nacional.
Asimismo, a medida en que vaya incrementado la disponibilidad de cargadores eléctricos, es importante que los usuarios entiendan las condiciones de prestación del servicio de carga, tiempo de uso del estacionamiento y situaciones en las que se podría desconectar el vehículo de otro usuario.[3] Para esto será necesario la capacitación del ciudadano común en la utilización responsable de estos tipos de cargadores, ya que serán utilizados directamente por los usuarios, contrario a lo que sucede en las estaciones de combustibles donde ya se tiene a un personal contratado que se encarga de suministrar la gasolina o el gasoil.
Desarrollar la educación sobre los beneficios de la movilidad eléctrica y la protección al medio ambiente
Más que el factor económico, el primer impasse que debe sobrepasar una persona para decidir cambiar a movilidad eléctrica es el desconocimiento generalizado que se tiene sobre los aspectos tecnológicos, económicos y ambientales que conlleva el desplazamiento en un vehículo eléctrico. Por ejemplo, una persona común por lo general no está familiarizada con el concepto de la autonomía de un vehículo en consideración a la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica que tiene la batería, así como tampoco la real diferencia en dinero respecto a los kilómetros recorridos de un vehículo eléctrico en comparación con uno de combustible fósil.
Conforme a lo expone el referido Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana, el concepto de movilidad eléctrica tiene que difundirse entre los usuarios e instituciones potenciales a las que va dirigida la oferta tecnológica. Para ello, es necesario implementar campañas informativas y organizar eventos que permitan mostrar las características y experiencia de adoptar la movilidad eléctrica en el transporte público, flotas vehiculares públicas, privadas y para uso individual.[4]
En lo concerniente a la importancia de la concientización sobre la protección del medio ambiente, mediante el Decreto No. 122-17 del 28 de abril del 2017 fue aprobado el Acuerdo de Paris suscrito por la República Dominicana el 22 de abril de 2016, adoptado en París el 12 de diciembre de 2015, en la Vigésima primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, que busca principalmente reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.
Nuestro país ha realizado labores importantes para hacer llegar el mensaje de la imperiosidad en proteger al medio ambiente. Un trabajo importante en ese sentido lo tiene el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que entre sus responsabilidades se encuentran formular las políticas públicas y las estrategias para la prevención y mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI). En el logro de sus objetivos, el Consejo procura que las entidades públicas, privadas y actores claves de la sociedad civil alcancen un alto grado de información, sensibilización, educación y compromiso sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias; de manera que se promueva la implementación de acciones en favor de la protección del medio ambiente. En el marco de las responsabilidades del Consejo, se encuentran: implementar la estructura interinstitucional para la elaboración de los inventarios de gases de efectos invernaderos que formarán parte del Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV), y que serán establecidos por medio de decreto presidencial. Por ende, estamos seguros que parte de la población tendrá la necesidad de pasar a la movilidad eléctrica principalmente por un sentido de urgencia por las afectaciones que está causando el cambio climático a nivel global.
Al margen de los aprestos realizados por el gobierno anterior y actual con respecto a la protección del medio ambiente, entendemos que corresponde a cada uno de nosotros tomar la iniciativa de educarnos para fomentar el desarrollo sostenible de nuestra economía en materia medioambiental, no solo en relación a la disminución de emisión de CO2, sino también extrapolarlo todas nuestras actividades del día a día. Son innumerables las cosas que podemos cambiar en nuestros hábitos cotidianos, y quizás por desconocimiento o pereza preferimos continuar haciéndolo sin pensar en las consecuencias que irán en detrimento de nuestra descendencia. Pero para ser sincero, personalmente me siento bastante optimista en que nuestro país será un ejemplo en materia de desarrollo sostenible con relación al parque vehicular, sobre todo con el mensaje dado por nuestro nuevo presidente en su Tesla S.
[1] Ley 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional. Art. 3.
[2] Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana. Pág. 66.
[3] Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana. Pág. 41.
[4] Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana. Pág. 44.
