Uno de los privilegios que otorga la ley a la Administración es la autotutela administrativa, que permite al Estado determinar sus actos y ejecutarlos conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, sin necesidad de recurrir a los tribunales para que autorice su ejecución. Esto no implica dejar de lado el control jurisdiccional, sino que el Estado puede actuar para cumplir sus fines con una mayor libertad para satisfacer el interés general.