Mucho se ha hablado del proyecto de ley orgánica que busca regular la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la imagen en República Dominicana. Desde las asociaciones periodísticas, parte de la sociedad civil y varios profesionales del derecho han alertado sobre la potencial censura previa que supondría la aprobación y posterior promulgación del referido proyecto de ley orgánica; para aclarar algunas cuestiones, sin entrar en el fondo todavía, me permito hacer algunas puntualizaciones sobre la censura previa.

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En una ocasión escribió un abogado que “el crimen cometido por dos o más personas tipifica la asociación de malhechores, pero si el ilícito es cometido por dos o más funcionarios públicos entonces estamos frente a una coalición de funcionarios”. Debo aclarar, in limine, que lo anterior no constituye una coalición de funcionarios.

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