¿Necesita la Suprema Corte una Cuarta Sala?
Por Félix Nova Hiciano
En la pasada evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el magistrado de la Tercera Sala, Moisés Ferrer, planteó la idea de crear una Cuarta Sala en esa Alta Corte dedicada exclusivamente a conocer los casos de la materia contencioso-administrativa. Su comentario encendió un interesante debate en la comunidad jurídica, tanto así que en el Senado de la República ya se introdujo un proyecto de ley para modificar la Ley núm. 25-91 de la SCJ y hacer realidad esa nueva sala.
La pregunta es: ¿realmente necesitamos una Cuarta Sala?
La materia administrativa en nuestro país se rige por la antigua Ley núm. 1494 de 1947, que creó la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con la misión de controlar la legalidad de los actos de la Administración Pública. Con el paso del tiempo, otras normas —como el Código Tributario (Ley núm. 11-92) y la Ley Monetaria y Financiera (núm. 183-02)— ampliaron ese marco, hasta que finalmente se estableció el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Este tribunal, sin embargo, funciona como instancia única, es decir, sus decisiones no pueden ser apeladas, lo que obliga a las partes a recurrir directamente ante la Suprema Corte de Justicia.
Esa estructura ha provocado una sobrecarga de expedientes en la Tercera Sala de la SCJ, especialmente en materia contencioso-administrativa, y ha obligado a implementar planes de reducción de mora para atender el cúmulo de casos pendientes.
A simple vista, crear una Cuarta Sala podría parecer la solución lógica: más jueces, más capacidad de respuesta. Pero en el fondo, el problema es más profundo. La Constitución, en su artículo 164, establece que “la Jurisdicción Contencioso-Administrativa estará integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso-administrativos de primera instancia”. Es decir, el modelo constitucional prevé una estructura de doble grado que nunca se ha completado plenamente.
La verdadera reforma, entonces, no consiste en sumar una nueva sala a la Suprema Corte, sino en cumplir ese mandato constitucional y fortalecer la jurisdicción contencioso-administrativa con tribunales de primera instancia y superiores en todo el país. Eso permitiría garantizar una tutela judicial efectiva y un acceso real a la justicia administrativa para todos los ciudadanos, sin necesidad de recurrir de inmediato a la SCJ.
Crear una Cuarta Sala sería, sin duda, una medida útil, pero temporal. Un parche frente a un problema estructural. La prioridad debe ser construir una jurisdicción contencioso-administrativa moderna, accesible y coherente con el texto constitucional. Solo así podremos avanzar hacia una justicia administrativa más ágil, cercana y verdaderamente garantista.
