En 1971, el psicólogo e investigador del comportamiento Philip Zimbardo llevó a cabo en la Universidad de Stanford un experimento que buscaba comprender cómo las personas reaccionan al asumir roles de autoridad, especialmente en contextos donde el poder se concentra en un grupo específico. Sus hallazgos fueron inquietantes: en ausencia de límites claros y supervisión adecuada, incluso personas sin tendencias previas al abuso pueden ejercer su autoridad de manera desmedida.

La realidad legislativa en materia electoral de la República Dominicana en los últimos 15 años ha experimentado un giro significativo, situándonos en un panorama completamente renovado. El primer paso de esta transformación, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y democrático, fue la Constitución del año 2010.

¿Qué hay del Riesgo Moral, Jack? es la pregunta que lanzo Bretton James en la mesa de discusión sobre la cartera vencida del Banco Keller Zabel, ocurrida en la película Wall Strret 2: Money Never Sleeps (2010), esta pregunta ha sido parte del ecosistema de razonamiento personal y profesional del autor de este ensayo, por más de 10 años, externado muy escasas veces en público, y aprovechamos esta publicación para dejar constancia de ello.

Este ensayo está basado en cómo la práctica concertada —la colusión— afecta el sector económico en el que irrumpe, especialmente en las contrataciones públicas en el plano del derecho de la competencia contemplado en la Ley núm. 42-08. Se destaca el espectro de la Administración pública como el estadio en donde ocurren estos eventos, pues los oferentes concurren al Estado mediante la convocatoria de licitación pública nacional para ofrecer determinados productos y servicios bajo los parámetros normativos que les son impuestos de manera reglada por las normativas que orbitan este sector de la actividad pública. Asimismo, es desarrollado el renglón de la colusión equipolente a la criminalidad organizada que afecta la libre y leal competencia, así como el daño que el colectivo criminal inflige a la actividad comercial de la que pretende lucrarse. El último renglón versa sobre lo nocivo que es la actividad colusoria en el ámbito de las contrataciones públicas, y de cómo las agencias públicas deben estar alertas de la capacidad de lesión al erario público.

El Estado constitucional y de derecho está cimentado sobre el carácter vinculante de la Constitución y su supremacía funge como eje transversal en la vida democrática de las sociedades contemporáneas, lo que amerita garantías efectivas que sometan a los poderes públicos y a los particulares a asegurar su cabal cumplimiento, combatiendo así, los abusos y opresiones emanados de esos poderes.

Hace unos meses, compartía en la red social X (antes conocida como Twitter) la siguiente reflexión: “Me gustaría que en una eventual reforma a la Ley 29-11, Orgánica del TSE, se parta de la visión de incorporar los aspectos medulares sobre el acceso a la justicia electoral, que actualmente se encuentran en el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. Posteriormente, esto conllevará la modificación del actual Reglamento, a fin de convertirlo en un verdadero instrumento complementario de la legislación; la actual configuración delega demasiados aspectos a la facultad reglamentaria del órgano”.