En virtud de las pocas limitaciones existentes para hacer un contrato, el practicante ha creado miles de ellos. Esa abundante creación es inversamente proporcional a la calidad jurídica de esos contratos. Esa alarmante situación ha generado consecuencias graves y negativas al sistema y a la propia práctica. Esta realidad se evitaría si se usaran correctamente las modalidades de las obligaciones, o por lo menos, si se conocieran, antes de desechar su uso y plantear lo mismo de otra forma, no necesariamente de la forma correcta.

Una de las prerrogativas de las que es titular todo ser humano por el simple hecho de nacer es al nombre propio y al reconocimiento de su personalidad. Este derecho que ha sido reconocido por los tratados internacionales, a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se garantiza en la Constitución de la República Dominicana en el artículo 55, ordinal 7, que dispone lo siguiente:” Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos.”

En marzo del 2022, un reclutador corporativo estadounidense llamado Bryan Creely cargó un video en las plataformas de YouTube y TikTok en la que llamó la atención sobre una tendencia que estaba viendo en el mercado laboral . Los trabajadores, en vez de renunciar ante un ambiente laboral tóxico, de largas jornadas y bajos salarios, preferían iniciar un comportamiento perezoso, vago o descuidado con sus obligaciones laborales y así disfrutar más de su vida personal. Al final del video el reclutador utilizó la expresión quiet quit que terminó haciéndose viral en las redes sociales y que algunos en español le han traducido a renuncia silenciosa .

De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la caducidad es la extinción de un derecho por la expiración de determinado plazo . Esta se produce, en sentido general, ya sea por efecto del transcurso de un periodo establecido por la ley o por las personas, ya sea por la ocurrencia de un hecho determinado y extingue el ejercicio o el goce de un derecho.

En el presente artículo, buscamos analizar desde el punto de vista crítico constructivo, una resolución dictada recientemente por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (en lo adelante PRO CONSUMIDOR), en ocasión a un proceso administrativo sancionador, en el cual se procedió a condenar a una empresa (proveedor) a una multa ascedente a 5 salarios mínimos en virtud de una denuncia realizada que motivó la ejecución de una inspección al establecimiento comercial, no siendo de importancia entrar en detalles específicos sobre los hechos del caso, ya que nuestro objetivo es examinar el camino recorrido (debido proceso) por la administración para dar al traste con la indicada sanción pecuniaria, sin adentrarnos a cuestionar su procedencia o no, por ser un tema distinto.

A pesar de que la figura del consorcio existe en la República Dominicana desde hace décadas, no contamos con una ley especial sobre consorcios. Los consorcios son principalmente utilizados en contrataciones con el Estado, en las cuales el gobierno licita grandes proyectos a favor de una figura cuya regulación en el país es escasa. Por ello, cada vez existe la necesidad de que el legislador apruebe una normativa que la reglamente. Abordaremos determinadas normas que regulan los consorcios y las debilidades que arrojan.