El efecto mas representativo de la Ley 2-23 de recurso de casación [junto al interés casacional ] es el efecto no suspensivo que se desprende del art. 27 de la referida legislación, que ordena: “El recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia impugnada” dispone que solo en materia de estado y capacidad de las personas [divorcio, separación de bienes, nulidad de matrimonio, cancelación de hipotecas, etc.] se mantendrían los efectos suspensivos instituidos por la Ley 491-08.

La Ley No. 2-23 introduce el concepto de lealtad procesal en el ámbito del procedimiento casacional, lo cual es una adición significativa a nuestro sistema jurídico. Su implementación plantea desafíos prácticos y conceptuales que deben ser abordados con cautela. La erradicación del litigio temerario es esencial para el buen funcionamiento del sistema de justicia, pero debe hacerse de manera que se respeten los principios fundamentales de la responsabilidad civil, del debido proceso y la equidad. La incorporación de multas civiles y la consideración de daños punitivos representan un cambio paradigmático que debe ser cuidadosamente gestionado para evitar abusos y asegurar que la justicia prevalezca. La jurisprudencia y la doctrina deben seguir evolucionando para proporcionar claridad y orientación en la aplicación de estas nuevas disposiciones. Es imperativo que los profesionales del derecho se mantengan informados y activos en el debate sobre estas cuestiones, para garantizar que las reformas legales no solo mejoren el sistema de justicia, sino que también protejan los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.

El estado constitucional democrático se basa en el respeto al estado de derecho como principio fundamental. El cumplimiento de la Constitución y las normas vigentes, así como la separación de poderes, son esenciales para garantizar las libertades, los derechos humanos y la preservación de la democracia constitucional. El proceso de creación o modificación de normas está regido por un entramado legal detallado en la Constitución y regulado mediante los reglamentos vigentes del Congreso y sus cámaras, así como por fuentes no formales de la práctica legislativa. Los artículos 112 y 113 de la Constitución dominicana definen los parámetros para la configuración de las leyes orgánicas y ordinarias.

El artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11 establece la inadmisibilidad de la acción de amparo cuando la petición resulte “notoriamente improcedente”. Es problemática la indeterminación del concepto “notoriamente improcedente”, especialmente tratándose de una acción constitucional, que persigue la tutela de derechos fundamentales, sujeta a principios de accesibilidad, efectividad, favorabilidad, informalidad y oficiosidad.

El bicameralismo puede considerarse como un “accidente histórico”, y no un diseño deliberado que responda a un modelo filosófico concreto (Sáenz Royo, 2017), de hecho algunos autores lo ubican en diferentes lugares y épocas históricas. Sang & Chez Checo (2010) reseñan que, según algunos historiadores, el concepto de bicameralidad se remonta a la Antigua Grecia y al Imperio Romano, mientras que otros afirman que los parlamentos bicamerales realmente aparecieron en la Europa medieval, pero que fue verdaderamente en los Estados Unidos donde se conceptualizó y aplicó el modelo bicameral. Sánchez Sanlley coincide en que el bicameralismo de los regímenes presidenciales tuvo origen en los Estados Unidos de América, con la independencia de las trece colonias, que se convertirían en los primeros estados federados.

Los procesos electorales en República Dominicana implementan distintos sistemas de electorales según los niveles de elección. Así, en los niveles de candidaturas plurinominales se ha optado por un sistema de representación proporcional que, para la elección de diputados, regidores y vocales, utiliza listas cerradas y desbloqueadas (permitiendo un voto preferencial para la ordenación de los candidatos dentro de la lista) y el método D’Hondt (para la asignación de escaños a cada partido).