En la República Dominicana, la libertad de conciencia y de cultos se encuentra consagrada como un derecho fundamental en el artículo 45 de la Constitución dominicana, el cual establece que: “El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres”.

El presente ensayo analiza el uso de la inteligencia artificial en la colusión en licitaciones públicas. Si bien ésta tecnológica presenta alternativas eficientes que pueden generar múltiples beneficios, también constituyen una herramienta poderosa que puede ser utilizada para la realización de prácticas anticompetitivas. Las autoras analizan si, conforme el marco jurídico actual de la República Dominicana, la práctica de coludir en licitaciones públicas puede ser perseguida y sancionada. Igualmente, se evalúan los roles de la Comisión Nacional de Competencia (ProCompetencia) y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), en los procesos.

Se exploran todos los pasos que constituyen eslabones en la cadena del proceso inmobiliario, sensibilizando -en la parte introductoria- sobre la cuestión constitucional, que no puede perderse de vista al momento de reflexionar sobre la reforma de los reglamentos de la Jurisdicción Inmobiliaria del 2022 y, en general, al sumergirse en los fundamentos del derecho inmobiliario

En días pasados durante mi ejercicio profesional independiente, obtuve una decisión judicial emanada por unas de las Salas Especializadas para Asuntos de Familia del Distrito Nacional, que nos impulsó y permitió que dejáramos atrás la timidez respecto a escribir las líneas que conforman, de manera atrevida y con la dispensa de los escritores asiduos, el presente artículo.

Se puede hablar de la supremacía constitucional como un derecho fundamental y la excepción de inconstitucionalidad como uno de sus mecanismos de protección. La excepción de inconstitucionalidad afirma la constitucionalización del derecho en tanto todo juez se convierte, por efecto de la primacía constitucional, en un juez de lo constitucional. Ello confirma el efecto incardinado y de irradiación de la Constitución en todas las materias. Así, la excepción constituye una herramienta de control de constitucionalidad con efecto inter partes, en la que la norma pretendidamente inconstitucional vulnera derechos fundamentales en el caso concreto. Su juzgamiento no constituye cosa juzgada constitucional ni su declaratoria produce efecto erga omnes.

La noción de orden público históricamente ha constituido una cuestión imprecisa, de diversas acepciones y características, que ha generado gran controversia entre los doctrinarios y dolores de cabeza para los jueces en su función interpretativa.