Con esta decisión, el TC refuerza su abundante línea jurisprudencial sobre la defensa del derecho de propiedad y garantiza la vigencia efectiva de los postulados de la Constitución como norma suprema y fundamento jurídico del Estado. Ello, sumado a la noción de buena administración desarrollada por el alto tribunal, prometen un nuevo quehacer administrativo que acentúe la centralidad del ciudadano en los casos de expropiación forzosa.
Estos principios juegan un papel fundamental al analizar la indivisibilidad del objeto litigioso y la solidaridad procesal sobre procesos en los cuales se produzcan litisconsorcios activos o pasivos, y en los cuales evidentemente la falta de notificación de las actuaciones a todas las partes, más allá de la sentencia, puedan generar violaciones a derechos fundamentales, como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.