El presente artículo examina la evolución conceptual y normativa que conduce desde los principios jurisdiccionales clásicos del impuesto sobre la renta hasta el debate contemporáneo sobre el impuesto mínimo global. A partir de una metodología dogmático-jurídica y analítica, se estudian los principios de fuente y residencia, su recepción en el Impuesto sobre la Renta dominicano y los desafíos que plantean la movilidad del capital, la economía digital y la erosión de bases imponibles. El análisis sostiene que República Dominicana no aplica una territorialidad pura ni un régimen pleno de renta mundial, sino una territorialidad reforzada por reglas selectivas de residencia y por mecanismos de crédito fiscal. Sobre esa base, se argumenta que una reforma abrupta hacia la renta mundial universal no necesariamente aumentaría la recaudación neta, mientras que una modernización gradual de las reglas de fuente, antiabuso e información podría resultar fiscalmente más eficiente. Finalmente, se evalúa la viabilidad jurídica y administrativa de adoptar un impuesto complementario mínimo doméstico calificado, alineado con el Pilar Dos de la OCDE, como alternativa para preservar potestad recaudatoria frente a grandes grupos multinacionales.
El Tribunal Superior Electoral ha sufrido, desde su creación, una incomprensión de su competencia. La turbulencia ha afectado no solo el ejercicio mismo de las atribuciones propias de su fuero competencial, sino que se ha trasladado al ámbito político-partidario e, incluso, a los propios procesos electorales. Basta recordar cuando el Tribunal Superior Administrativo en 2020 suspendió una resolución de la Junta Central Electoral que establecía las posiciones en las que debían competir las organizaciones políticas. Como consecuencia, las organizaciones que postularon candidaturas en las elecciones municipales participaron con un determinado número en la boleta que, por la decisión de fondo ulterior, fue sustituido por otro para las elecciones presidenciales y congresuales. Es decir, en menos de tres meses hubo que modificar la propaganda electoral, las impresiones realizadas por la Junta Central Electoral y el propio mensaje dirigido al electorado.
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