El Estado constitucional y de derecho está cimentado sobre el carácter vinculante de la Constitución y su supremacía funge como eje transversal en la vida democrática de las sociedades contemporáneas, lo que amerita garantías efectivas que sometan a los poderes públicos y a los particulares a asegurar su cabal cumplimiento, combatiendo así, los abusos y opresiones emanados de esos poderes.
Hace unos meses, compartía en la red social X (antes conocida como Twitter) la siguiente reflexión: “Me gustaría que en una eventual reforma a la Ley 29-11, Orgánica del TSE, se parta de la visión de incorporar los aspectos medulares sobre el acceso a la justicia electoral, que actualmente se encuentran en el Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. Posteriormente, esto conllevará la modificación del actual Reglamento, a fin de convertirlo en un verdadero instrumento complementario de la legislación; la actual configuración delega demasiados aspectos a la facultad reglamentaria del órgano”.