La baja incidencia de candidaturas a puestos de elección popular fuera del monopolio de las organizaciones políticas no es un hecho fortuito. La realidad es que, pese a la previsión legal de la figura del “candidato independiente” desde 1997 (Ley 275-97, Electoral de República Dominicana), aún no existe un marco normativo que lo respalde, mucho menos una estructura sistémica que lo garantice, ni que guarde compatibilidad con su naturaleza jurídica y política.