La Constitución fundamenta el ejercicio del poder público y delimita su alcance. Por ello, las potestades de la autoridad deben interpretarse y ejercerse en armonía con los derechos fundamentales, cuya protección vincula a todos los órganos del Estado. Conforme al criterio de unidad constitucional expuesto por Jorge Prats, la Constitución es un todo, por lo que su interpretación no debe limitarse al cotejo de una ley adjetiva con uno o varios artículos constitucionales, sino que debe atender a la concordancia o armonización de todas las normas constitucionales relacionadas con el asunto a dilucidar. “La Constitución debe entenderse como un conjunto armónico, en el que ninguna disposición puede considerarse aisladamente y debe preferirse siempre la interpretación que armonice sus disposiciones, en lugar de aquella que las coloque en pugna”

No toda decisión desfavorable puede llegar a la Suprema Corte de Justicia por el solo desacuerdo de la parte que la impugna. Empero, no toda exigencia procesal puede convertirse en limitación injustificada para acceder a la casación. Entre ambas afirmaciones se sitúa una de las figuras que actualmente acapara debate en el derecho procesal: me refiero al interés casacional. La Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, introdujo una transformación paradigmática en esta vía extraordinaria de impugnación, al incorporar la relevancia jurídica del asunto como presupuesto para la admisibilidad de esta vía recursiva en determinados supuestos.