El concepto de infracción administrativa electoral reúne dos elementos que conviene examinar por separado. El primero remite a la teoría general del derecho administrativo sancionador; el segundo delimita el sector del ordenamiento en el que se produce la conducta y los bienes jurídicos cuya protección corresponde a la Administración Electoral.

Con la promulgación de la Ley núm. 45-20 sobre Garantías Mobiliarias, se introdujo en la República Dominicana un modelo moderno de inscripción y ejecución de garantías mobiliarias en favor de los acreedores, orientado a la recuperación eficiente de sus créditos. Este régimen se contrapone a los procedimientos establecidos en la Ley núm. 6186 sobre Fomento Agrícola, que regula la prenda sin desapoderamiento mediante un proceso judicial tradicional caracterizado por su formalismo, lentitud y elevados costos, así como a la Ley núm. 483-06 sobre Venta Condicional de Bienes.