Mucho se ha hablado del proyecto de ley orgánica que busca regular la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la imagen en República Dominicana. Desde las asociaciones periodísticas, parte de la sociedad civil y varios profesionales del derecho han alertado sobre la potencial censura previa que supondría la aprobación y posterior promulgación del referido proyecto de ley orgánica; para aclarar algunas cuestiones, sin entrar en el fondo todavía, me permito hacer algunas puntualizaciones sobre la censura previa.

En una ocasión escribió un abogado que “el crimen cometido por dos o más personas tipifica la asociación de malhechores, pero si el ilícito es cometido por dos o más funcionarios públicos entonces estamos frente a una coalición de funcionarios”. Debo aclarar, in limine, que lo anterior no constituye una coalición de funcionarios.