Cada vez que solicitamos un crédito, enviamos un currículum, usamos una red social o interactuamos con un servicio público en línea, algo más que nuestros datos están en juego: decisiones que ya no siempre toma una persona, sino un sistema automatizado. Y ahí comienza un problema jurídico que en la República Dominicana todavía no hemos discutido con la profundidad necesaria.
