En el desarrollo del presente artículo analizamos la sentencia TC/0185/22 del Tribunal Constitucional respecto a la naturaleza jurídica del Banco de Reservas de la República Dominicana y la sujeción a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
En el pasado reciente escribí algunas precisiones sobre los actos administrativos y los reglamentos, analizando su naturaleza jurídica y las diferencias en el procedimiento para la emisión o dictado de uno y otro. Tal análisis se elaboró bajo el título: “El debido procedimiento administrativo en el dictado de normas: implicaciones del vicio de origen” . En él preceptuábamos, además, que el procedimiento administrativo debe permear un conjunto de garantías de cara al resguardo del derecho fundamental a la buena administración de la ciudadanía dominicana.
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