El resarcimiento de la víctima en el ordenamiento dominicano se encuentra supeditado a su reparación integral, que obliga al responsable de un daño a resarcir “la totalidad del perjuicio existente al momento de producirse el fallo definitivo sin importar que dicho daño haya sido inferior a la hora del hecho lesivo o a la de incoarse la acción en su contra”.
