La Constitución de 2010 instauró en República Dominicana un modelo de justicia electoral especializado, en el cual un órgano jurisdiccional independiente (sin atribuciones administrativas) y con autonomía constitucional, ejerce la protección de los derechos políticos electorales, este órgano es el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) erróneamente ha considerado que el control jurisdiccional de los actos dictados por la Junta Central Electoral (JCE) debe ser ejercido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA); en el presente trabajo se pretende desarrollar algunos tópicos conceptuales que, por sí mismos, desmontan la postura asumida por el máximo intérprete constitucional sobre el tema.
