El presente artículo analiza la teoría de Günther Jakobs sobre el derecho penal del enemigo enfocada en delitos de corrupción y como la sociedad ha manejado estos casos, realizando una ponderación entre el derecho a la información que tiene la sociedad y el derecho de defensa que debe tener toda persona.

La adecuación de las leyes 33-18 y 15-19 podría generar un potencial impacto en el sistema democrático dominicano que será sana para la calidad de la democracia, siempre que las personas e instituciones involucradas en la discusión de las posibles modificaciones, especialmente nuestros legisladores, manejen adecuadamente los aspectos legales, políticos y técnicos que envuelve este tipo de reformas.