Las sociedades democráticas contemporáneas se enfrentan a un fenómeno que pone a prueba la solidez de sus instituciones: la propagación masiva de bulos y la desinformación en procesos electorales. El auge de las redes sociales, la comunicación instantánea y los algoritmos que premian la viralidad han multiplicado el alcance de las noticias falsas, generando un impacto directo en la formación de la opinión pública y, en consecuencia, en el voto.

Por mandato del artículo 212 de la Constitución de la República Dominicana se le atribuye a la Junta Central Electoral la responsabilidad exclusiva de la custodia del Registro del Estado Civil, haciendo de su protección una obligación constitucional ineludible. Esto en virtud de que en el Registro del Estado Civil se concentran datos personales de naturaleza sensible, cuya alteración, pérdida o uso indebido podría afectar de manera directa derechos fundamentales como la identidad y la privacidad.