Una democracia sólida se fundamenta en tres pilares esenciales: transparencia, orden y respeto al marco legal. En la República Dominicana, estos principios se hacen realidad gracias al trabajo articulado de las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), dependencias operativas de la Junta Central Electoral (JCE) que garantizan el funcionamiento eficaz y la legitimidad de cada elección, tanto dentro como fuera del país.

Llueve sobre mojado decir que el Código Penal de principios del siglo XIX, incorporado de manera formal en nuestro país en 1884, requería de una actualización. También es importante resaltar que como han dicho numerosos especialistas en la materia e incluso el propio presidente, no hay legislación perfecta. Sin embargo, siendo el Código Penal, la norma ordinaria (exceptuando la Constitución, por razones lógicas) más importante de un Estado , hay que ser cautelosos en la creación del marco normativo general y sustantivo del poder punitivo del Estado, así como de la creación, regulación y tipificación de nuevos delitos, debido a que no solo se deben tomar en cuenta el reclamo de la sociedad (populismo), sino también los efectos deseados, recordando que el art. 40.16 de la Constitución expresamente dispone que el fin de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social