La tutela judicial efectiva no se limita al simple acceso a una decisión motivada por un Tribunal imparcial, en numerosas oportunidades se puede advertir que su concretización, además de incluir la aplicación, ejecución o concreción de esa sentencia por parte de la Administración Pública encausada se extiende a las reglas de igualdad de las partes y valoración del caso siguiendo los criterios de la sana critica.

En el derecho civil, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual son principios esenciales. Garantizan que las partes puedan acordar las condiciones de sus contratos sin intervención externa. Con la figura de la “excesiva onerosidad sobrevenida” se propone permitir a los tribunales modificar los términos de un contrato debido a circunstancias imprevistas y desproporcionadamente gravosas para una de las partes. Nueva vez, ahora bajo esta nueva etiqueta, se plantea el clásico conflicto entre la libertad de contratación y la intervención del Estado en las relaciones contractuales privadas. Es necesario que profundicemos sobre el conocimiento de esta propuesta.