El proceso de inscripción de candidaturas constituye una de las etapas más importantes en la organización de las elecciones, ya que en él se define formalmente quiénes podrán participar en la contienda. Resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que la razón de ser de las organizaciones políticas es el ejercicio del poder público, el cual, en los regímenes democráticos, se alcanza a través de elecciones periódicas, libres y competitivas. Las elecciones se ganan con votos, y esos votos se agencian a través de las candidaturas que presentan las organizaciones políticas. Sin candidaturas, no hay competencia; y sin competencia, no hay posibilidad de acceder al poder.

Vivimos en un tiempo donde el conocimiento riguroso y el debate razonado parecen haber cedido terreno frente a lo superficial. Como advierte Gregorio Montero, en su artículo La posverdad: cuando la manipulación y la mentira se hacen regla, la banalidad ha tomado la conversación pública y ha convertido a la democracia —y a las instituciones que la sostienen— en caricaturas. La creatividad, en lugar de impulsar pensamiento crítico, se orienta al engaño, a la manipulación emocional y al linchamiento del contrario. Así se configura una ciudadanía predispuesta al odio y cada vez menos capaz de reflexionar.