En la pasada evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el magistrado de la Tercera Sala, Moisés Ferrer, planteó la idea de crear una Cuarta Sala en esa Alta Corte dedicada exclusivamente a conocer los casos de la materia contencioso-administrativa. Su comentario encendió un interesante debate en la comunidad jurídica, tanto así que en el Senado de la República ya se introdujo un proyecto de ley para modificar la Ley núm. 25-91 de la SCJ y hacer realidad esa nueva sala.

La subsanación es posible ante una inobservancia de tipo administrativa; no ante una infracción dolosa que lesiona el patrimonio público. La Administración puede corregir errores, pero no puede enmendar delitos. Allí donde aparece el dolo, la falsedad, el desvío de recursos o la colusión, el poder público pierde toda competencia para “corregir”.