La acción de amparo es una figura jurídica contenida en nuestra Constitución, cuyo propósito es la protección de manera inmediata de los derechos fundamentales de una persona, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de toda autoridad pública o particulares.
El financiamiento político puede ser público, privado o mixto. En República Dominicana el financiamiento político es mixto: público y privado. El financiamiento público, que se refiere a las contribuciones del Estado a las organizaciones políticas para, en nuestro caso, el sostenimiento de su vida interna y las campañas ha estado marcado por distorsiones y/o ambivalencias.